29 ene. 2011

Santiago 'top' | Alfredo Jocelyn-Holt

En la que debe ser una de las noticias más asombrosas para los chilenos aparecida en la prensa extranjera, The New York Times acaba de "ranquear" a Santiago como destino turístico número uno este año 2011. Esa sí que sería novedad histórica e inédita. Lo que es los varios cientos de miles, si no millones de santiaguinos prestos a escaparse o ya fugados de la ciudad, o no se han enterado aún o desmienten tan supuesta buena nueva. Y no porque acostumbren a salir de vacaciones en esta época huyendo del calor infernal que ha estado como nunca este verano. Al contrario, porque hay razones más de peso que aconsejan airearse y salir de este hoyo.

Santiago no es ningún Shangri-La. En otra noticia de ahora último, claro que aparecida en la prensa nacional y, por lo mismo, seguro que pasada por alto, se afirma que sólo un 24% de los chilenos confiaría en sus vecinos. Significativo dato. Que tres de cada cuatro santiaguinos se miren feo cada mañana, cada tarde, todo el año, no es precisamente una imagen incitante, ni qué bruto qué acogedora. Tampoco deben serlo las tres denuncias por robo, intimidación o asalto por cada mil personas registradas cada año, conste que contando sólo a quienes se animan a hacer la denuncia. Ni para qué decir ese dato pintoresco, tan único y santiaguino, de las hasta tres o más farmacias situadas en las cuatro esquinas. Ninguna agencia de viaje consignaría información tan útil.

Por supuesto que no. Lo que el New York Times valora como índice es que en Santiago existan estupendos restaurantes peruanos que sirven "novo-Andino cuisine", y donde después se puede ir a gozar de una noche inolvidable al son de "salsa, hot dancing and cool Cuba libres". Por eso quizá cuando los extranjeros alaban a Santiago se tiene, a menudo, la incómoda sensación de que los "Cuba libres" produjeron su efecto marimba. ¿No se habrán confundido acaso con Santiago de Cuba, Santiago del Estero (Argentina), Santiago de los Caballeros (Guatemala) o Santiago de Querétaro (México)?

Quienes nacimos en un Santiago, en los años 50, con cinco millones menos de habitantes, extendido en 15, no en 70 mil hectáreas, y con una concentración de sólo un 24% de los habitantes del país (no el 40% como hoy), no podemos si no estar traumados y hasta la coronilla. Definitivamente, con las grúas, los camiones tolva, los hombrecitos "Lego" con cascos, y con barrios nobles, enteros, tumbados a sus pies; en suma, un sitio o paisaje en constante deconstrucción/construcción. Periódicamente suelo toparme con unos "ejecutivos" de dudosa ralea que dibujan rascacielos monstruosos encima de mi calle y casa: vivo en Providencia y rehúyo moverme más al oriente.

El problema de Santiago es el de siempre, desde que se la fundó. Este nunca fue un lugar de destino, sino de paso e improvisado. Lejos de todo, y peor aun, lejos de donde íbamos, impidiéndonos los mapuche llegar allí. Un lugar salvaje, semidesierto, poco aireado, donde ninguna civilización precolombina que se preciara construyó nada (aunque se enterró mucho). En definitiva, un hoyo tumulario, fatídico, donde asentar un campamento trinchera y seguir batallando camino al sur; de lo contrario, había que salir cascando rumbo al norte. Raro, pues, que los gringos encuentren tan fantástico Santiago. ¿Vendámoselos?

26 ene. 2011

Algo va mal (fragmento)| Tony Judt

Quienes afirman que el fallo es del "sistema" o quienes ven misteriosas maniobras detrás de cada revés político tienen poco que enseñarnos. Pero la disposición al desacuerdo, el rechazo o la disconformidad -por irritante que pueda ser cuando se lleva a extremos- constituye la savia de una sociedad abierta. Necesitamos personas que hagan una virtud de oponerse a la opinión mayoritaria. Una democracia de consenso permanente no será una democracia durante mucho tiempo.

Es tentador hacer como todos: la vida en comunidad es mucho más sencilla cuando cada uno parece estar de acuerdo con los demás y la disconformidad es adormecida en aras de las convenciones del compromiso.

Las sociedades y las comunidades en que estas faltan o se han desintegrado no prosperan. Pero la conformidad tiene un precio. Un círculo cerrado de opiniones o ideas en el que nunca se permiten ni el descontento ni la oposición -o solo dentro de unos límites circunscritos y estilizados- pierde la capacidad de responder con energía e imaginación a los nuevos desafíos. 

Estados Unidos es un país fundado sobre comunidades pequeñas. Como puede atestiguar cualquiera que haya vivido durante algún tiempo en uno de esos lugares, el instinto natural siempre es imponer una uniformidad normativa al comportamiento público de sus miembros. En Estados Unidos, esta disposición en parte es contrarrestada por la predisposición individualista de los primeros colonos y por la protección constitucional que otorgaron a la disconformidad individual y minoritaria. Pero este equilibrio, observado por Alexis de Tocqueville entre muchos otros, hace tiempo que se ha inclinado hacia la conformidad. Las personas siguen siendo libres de decir lo que quieran, pero si sus opiniones contradicen las de la mayoría, son marginadas de la sociedad. Como mínimo, el impacto de sus palabras es silenciado.

Gran Bretaña solía ser diferente: una monarquía tradicional gobernada por una élite hereditaria que mantenía su control del poder permitiendo e incluso incorporando la disconformidad y anunciando su tolerancia como una virtud. Pero el país se ha hecho menos elitista y más populista; la vena no conformista en la vida pública ha sufrido una descalificación constante -como Tocqueville habría previsto-. Actualmente, el desacuerdo enérgico con la opinión generalmente aceptada sobre cualquier cosa, desde la corrección política hasta los tipos impositivos, es casi tan poco frecuente en el Reino Unido como en Estados Unidos.

Hay muchas fuentes de disconformidad. En las sociedades religiosas, particularmente en aquellas que tienen un credo establecido -catolicismo, anglicanismo, islamismo, judaísmo-, las tradiciones de disconformidad más efectivas y duraderas están enraizadas en diferencias teológicas: no es casualidad que el Partido Laborista británico naciera en 1906 de una coalición de organizaciones y movimientos en la que las congregaciones no conformistas tuvieron gran protagonismo.

Las diferencias de clase también son un terreno abonado para la disconformidad. En las sociedades divididas en clases (o, en algunos casos, en las comunidades organizadas en castas), los que están abajo suelen tener una fuerte motivación para oponerse a su condición y, por extensión, a la organización social que la perpetúa.

En décadas más recientes, la disconformidad ha estado estrechamente relacionada con los intelectuales: un tipo de persona que primero se identificó con las protestas de finales del siglo XIX contra el abuso de poder por parte del Estado, pero que en nuestro tiempo es más conocido por hablar y escribir a contrapelo de la opinión pública.

Por desgracia, los intelectuales contemporáneos han mostrado muy poco interés en aspectos clave de la política pública, mientras que han intervenido o protestado sobre temas definidos éticamente en los que las opciones parecen más claras. Esto ha dejado los debates sobre la forma en que debemos gobernarnos en manos de especialistas políticos y think tanks, en los que rara vez tienen cabida opiniones no convencionales y el público queda prácticamente excluido.

El problema no es si estamos de acuerdo o no con un acto legislativo determinado, sino la forma en que debatimos nuestros intereses comunes. Por tomar un ejemplo evidente (por ser muy conocido): en Estados Unidos, a cualquier conversación sobre el tema del gasto público y las ventajas o desventajas de un papel activo del Gobierno enseguida se le aplican dos cláusulas de exclusión. De acuerdo con la primera, todos estamos a favor de que los impuestos sean tan bajos como sea posible y de que el Gobierno se entrometa lo mínimo en nuestros asuntos. La segunda -en realidad, una variación demagógica de la primera- afirma que nadie quiere que el "socialismo" sustituya nuestra forma de vida y de gobierno tradicional y eficiente.

A los europeos les gusta creerse menos conformistas que los estadounidenses. Les hacen sonreír los corrales religiosos a los que se retiran tantos ciudadanos estadounidenses, renunciando así a la independencia mental para adoptar el lenguaje del grupo. Señalan las consecuencias perversas de los referendos locales en California, donde unas iniciativas legislativas populares bien financiadas han destruido la base fiscal de la séptima economía mundial.

Sin embargo, en un reciente referéndum en Suiza se prohibió la construcción de minaretes en un país en el que solo hay cuatro y donde casi todos los residentes musulmanes son refugiados bosnios laicos.

Y los británicos han aceptado sumisamente todo, desde las cámaras de televisión de circuito cerrado hasta la vigilancia más invasora de la intimidad, en lo que ahora es la democracia más autoritaria y "sobreinformada" del mundo. En muchos aspectos, la Europa actual es mejor que los Estados Unidos contemporáneos, pero está lejos de ser perfecta.

Hasta los intelectuales han doblado la rodilla. La guerra de Irak vio cómo la gran mayoría de los comentaristas británicos y estadounidenses abandonaban toda apariencia de pensamiento independiente y se alineaban con el Gobierno. La crítica al ejército y a quienes ostentan la autoridad política -que siempre es más difícil en tiempo de guerra- se marginó y se trató casi como si fuera una traición. Los intelectuales de la Europa continental tuvieron más libertad para oponerse a la precipitada campaña, pero solo porque sus propios líderes eran ambivalentes y sus sociedades estaban divididas. (...)

Pero, al menos, la guerra, como el racismo, ofrece opciones morales claras. Incluso hoy, la mayoría de la gente sabe lo que piensa acerca de una acción militar o de los prejuicios raciales. Pero en el ámbito de la política económica, los ciudadanos de las democracias contemporáneas nos hemos vuelto demasiado modestos. Se nos ha aconsejado que dejemos esas cuestiones a los expertos: la economía y sus implicaciones políticas están mucho más allá del entendimiento del hombre o la mujer corrientes, de lo que se encarga el lenguaje cada vez más arcano y matemático de la disciplina.

No es probable que muchos "legos en la materia" se opongan al ministro de Economía o a sus asesores. Si lo hicieran, se les diría -como un sacerdote medieval podría haber aconsejado a su grey- que son cosas que no les incumben. La liturgia debe celebrarse en una lengua oscura, que solo sea accesible para los iniciados. Para todos los demás, basta la fe.

Pero la fe no ha bastado. Los emperadores de la política económica en Gran Bretaña y Estados Unidos, por no mencionar a sus acólitos y admiradores del resto del mundo desde Tallin hasta Tiflis, están desnudos. No obstante, como la mayoría de los observadores comparten desde hace mucho sus gustos sartoriales, no están en condiciones de decir nada. Tenemos que volver a aprender cómo criticar a quienes nos gobiernan. Pero para hacerlo con credibilidad hemos de librarnos del círculo de conformidad en el que tanto ellos como nosotros estamos atrapados.

La liberación es un acto de la voluntad. No podemos reconstruir nuestra lamentable conversación pública -lo mismo que nuestras ruinosas infraestructuras físicas- si no estamos lo bastante indignados por nuestra condición presente. Ningún Estado democrático debería poder lanzar una guerra ilegal sustentada en una mentira deliberada y no tener que responder de ello. El silencio que rodea la vergonzosa respuesta de la Administración Bush al huracán Katrina delata un cinismo deprimente hacia las responsabilidades y competencias del Estado: en realidad, esperamos que Washington no esté a la altura. La reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense de permitir el gasto ilimitado de las empresas en los candidatos electorales -y el escándalo de las "dietas" en el Parlamento británico- ilustra el papel incontrolado del dinero en la política actual. (...)

Entretanto, la vertiginosa pérdida de apoyo del presidente Obama, en gran medida debida a su torpe defensa de la reforma sanitaria, ha contribuido más todavía a la desafección de la nueva generación. Sería fácil retirarse en un hastío escéptico ante la incompetencia (y peor) de aquellos que actualmente tienen encomendado gobernarnos.

Pero si dejamos el desafío de la renovación política radical a la clase política existente -a los Blairs, Browns, Sarkozys, Clintons y Bushes y (me temo) Obamas-, solo acabaremos más decepcionados.

La disconformidad y la disidencia son sobre todo obra de los jóvenes. No es casual que los hombres y mujeres que iniciaron la Revolución Francesa, lo mismo que los reformadores y planificadores del new deal y de la Europa de la posguerra, fueran bastante más jóvenes que los que los precedieron. Ante un problema, es más probable que los jóvenes lo afronten y exijan su solución, en vez de resignarse. Pero también tienen más probabilidades que sus mayores de caer en el apoliticismo: como la política está tan degradada, debemos desentendernos de ella. (...)

Por consiguiente, lo primero que se le ocurre a un joven que quiere "comprometerse" es afiliarse a Amnistía Internacional o a Greenpeace, o a Human Rights Watch o a Médicos Sin Fronteras. El impulso moral es irreprochable. Pero las repúblicas y las democracias solo existen en virtud del compromiso de sus ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos.

Si los ciudadanos activos o preocupados renuncian a la política, están abandonando su sociedad a sus funcionarios más mediocres y venales. La Cámara de los Comunes británica ofrece actualmente un espectáculo penoso: un reducto de enchufados, subordinados serviles y pelotas profesionales -al menos, tan lamentable como en 1832, la última vez que fue asaltada y sus "representantes" expulsados de su sinecura-. El Senado estadounidense, en el pasado un bastión del republicanismo constitucional, se ha convertido en una parodia pretenciosa y disfuncional de su carácter original. La Asamblea Nacional francesa ni siquiera aspira al visto bueno del presidente del país, que la soslaya cuando quiere.

Durante el largo siglo del liberalismo constitucional, de Gladstone a Lyndon B. Johnson, las democracias occidentales estuvieron dirigidas por hombres de talla superior. Con independencia de sus afinidades políticas, Léon Blum y Winston Churchill, Luigi Einaudi y Willy Brandt, David Lloyd George y Franklin Roosevelt representaban una clase política profundamente sensible a sus responsabilidades morales y sociales. Es discutible si fueron las circunstancias las que produjeron a los políticos o si la cultura de la época condujo a hombres de este calibre a dedicarse a la política. Políticamente, la nuestra es una época de pigmeos.

Sin embargo, es todo lo que tenemos. Las elecciones al Parlamento, al Senado y a la Asamblea Nacional siguen siendo nuestro único medio de convertir la opinión pública en acción colectiva dentro de la ley. Así que los jóvenes no deben perder la fe en nuestras instituciones públicas. (...)

El fracaso democrático trasciende las fronteras nacionales. El vergonzoso fiasco de la Cumbre del Clima de Copenhague en diciembre de 2009 ya se está traduciendo en cinismo y desesperanza entre los jóvenes: ¿qué va a ser de ellos si no nos tomamos en serio las implicaciones del calentamiento global? El desastre sanitario en Estados Unidos y la crisis financiera han acentuado la sensación de impotencia incluso entre los votantes con mejor voluntad. Hemos de actuar guiándonos por nuestra intuición de una catástrofe inminente. (...)

La mayoría de los críticos de nuestra condición presente comienzan con las instituciones. Dirigen su atención a los parlamentos, los senados, los presidentes, las elecciones y los grupos de presión, y señalan las formas en que se han degradado o han abusado de la autoridad que se les ha confiado. Cualquier reforma, concluyen, debe comenzar ahí. Necesitamos leyes nuevas, sistemas electorales distintos, restricciones a los grupos de presión y a la financiación de los partidos; debemos dar más (o menos) autoridad al ejecutivo y hallar la forma de que las autoridades, elegidas o no, escuchen y respondan a quienes son su base y les paga: nosotros.

La policía de la memoria | Timothy Garton Ash

Entre los embates que está recibiendo la libertad en Europa, uno de los menos evidentes es la legislación sobre la memoria. Más y más países tienen leyes que dicen que usted debe recordar y describir éste o aquel hecho histórico de cierta manera, en ocasiones so pena de ser enjuiciado si da la respuesta incorrecta. Lo incorrecto de la respuesta depende de dónde se encuentre usted. En Suiza, puede ser procesado por decir que las atrocidades padecidas por los armenios en los últimos años del Imperio otomano no constituyen un genocidio; en Turquía lo procesarían por decir que lo fueron. Lo que es una verdad prescrita por el Estado en los Alpes es una falsedad impuesta por el Estado en Anatolia. 

Hace poco un grupo de historiadores y escritores, entre quienes me incluyo, rechazó este peligroso disparate. En lo que ha sido llamado “Appel de Blois”, publicado en Le Monde el pasado 10 de octubre, sostenemos que en un país libre “no es asunto de ninguna autoridad política definir la verdad histórica o restringir la libertar del historiador a través de sanciones penales”. Y argüimos en contra de la acumulación de lo que se ha dado en llamar “leyes sobre la memoria”. Entre las primeras firmas hay historiadores como Eric Hobsbawm, Jacques Le Goff y Heinrich August Winkler.
 
No es una coincidencia que esta apelación se originara en Francia, que tiene la más intensa y tortuosa experiencia reciente en cuanto a las leyes y procesamientos relacionados con la memoria. Comenzó, sin controversia, en 1990, cuando negar el holocausto judío cometido por los nazis –junto a otros crímenes de lesa humanidad definidos por el tribunal de Núremberg en 1945– fue convertido en delito en Francia, así como lo es en varios países europeos. En 1995, el historiador Bernard Lewis fue condenado en una corte francesa por alegar que, con la evidencia disponible, lo que les pasó a los armenios no puede ser correctamente descrito como genocidio, de acuerdo con la definición de la ley internacional.
 
Una ley posterior, de 2001, dice que la República Francesa reconoce la esclavitud como un crimen de lesa humanidad, y que debe dársele, en consecuencia, el lugar que merece en la enseñanza y en la investigación. Un grupo que representa a algunos ciudadanos franceses en ultramar demandó al autor de un estudio sobre el comercio africano de esclavos, Olivier Pétré-Grenouilleau, por “negar un crimen de lesa humanidad”. Mientras tanto, desde un punto de vista muy diferente, era aprobada otra ley que ordenaba que en los currículos escolares se reconociera “el papel positivo” que tuvo la presencia francesa en ultramar, “especialmente en África del Norte”.
 
Por fortuna, en este punto una ola de indignación dio a luz al movimiento llamado Libertad por la Historia (lph-asso.fr), liderado por el historiador francés Pierre Nora, quien también está detrás de Appel de Blois.
 
El caso en contra de Pétré-Grenouilleau fue desestimado y se abolió la cláusula del “papel positivo”. Pero sigue siendo increíble que tal propuesta haya llegado al corpus legal de una de las más importantes democracias y uno de los mayores centros de estudios históricos del mundo.
 
Estas tonterías son aún más peligrosas cuando vienen disfrazadas de virtud. Un ejemplo perfecto es el intento reciente de imponerle límites a la interpretación de la historia en toda la Unión Europea con la excusa de “combatir el racismo y la xenofobia”. Una propuesta de “decisión estructural” del Consejo para la Justicia y los Asuntos Internos de la Unión Europea, iniciada por la ministra de justicia alemana Brigitte Zypries, sugiere que en todos los Estados miembros “excusar de manera pública, negar o trivializar burdamente los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra” debe ser “punible con penas criminales de hasta, por lo menos, entre uno y tres años de prisión”.
 
¿Quién decidirá qué hechos históricos cuentan como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, y qué constituye “trivializar burdamente”?
 
La ley humanitaria internacional indica algunos criterios, pero exactamente qué hechos califican es un asunto de disputa acalorada. La única manera de asegurar verdaderamente que haya uniformidad de tratamiento sería que todos los miembros de la Unión Europea se pusieran de acuerdo en una lista –llamémosla la lista Zypries– para clasificar los horrores. Puede usted imaginarse la negociación en Bruselas. (Oficiales polacos a su contraparte francesa: “está bien, nosotros les damos el genocidio armenio, si ustedes nos dan la hambruna en Ucrania”). Puro Gógol.
 
Ya que algunos países con fuerte tradición de libertad de expresión, incluyendo a Gran Bretaña, objetaron el borrador inicial de Zypries, la propuesta actual ha añadido que “Los Estados miembros pueden escoger castigar solo la conducta que se lleva a cabo de una manera que posiblemente perturbe el orden público o que sea amenazante, abusiva o insultante”. Así, en la práctica, los países continuarán haciendo las cosas a su manera.
 
A pesar de sus múltiples defectos, esta decisión marco fue aprobada por el Parlamento Europeo en noviembre de 2007, pero no ha sido llevada al Consejo de Justicia y Asuntos Internos para su aprobación definitiva. Le escribí al representante actual de la presidencia francesa en la Unión Europea para preguntar por qué, y solo recibí esta críptica pero estimulante respuesta: “La ley de ‘racismo y xenofobia’ no está aún lista para ser adoptada, ya que está suspendida por algunas reservas parlamentarias pendientes”. Merci, madame liberté: eso servirá hasta el final de este año. Luego, que la presidencia checa de la Unión Europea, que cubre la primera mitad del año siguiente, la tumbe para siempre, con una dosis del sentido común histórico del buen soldado Svejk.
 
Voy a ser claro. Creo que es muy importante que las naciones, los Estados, las personas y otros grupos (por no mencionar individuos) enfrenten, solemne y públicamente, las malas acciones cometidas por ellos o en su nombre. El líder de Alemania Occidental Willy Brandt, arrodillándose silenciosamente ante el monumento a las víctimas y héroes del Gueto de Varsovia, es, para mí, una de las imágenes más nobles de la historia europea de posguerra. Para que la gente enfrente estas cosas, en primer lugar debe conocerlas: estos asuntos deben ser enseñados en las escuelas, así como conmemorados públicamente. Pero antes de ser enseñados, deben ser investigados. La evidencia debe destaparse, estudiarse y tamizarse, y se deben evaluar las posibles interpretaciones.
 
El proceso de investigación y debate históricos requiere libertad total –sujeto solo a leyes estrictas sobre calumnia y difamación, diseñadas para proteger a las personas vivas pero no a los gobiernos, los Estados o el orgullo nacional (como en el famoso artículo 301 del Código Penal turco)–. El equivalente para el historiador de un experimento de un científico natural es cotejar la evidencia con todas las hipótesis posibles, sin importar cuán extremas sean, y luego someter la interpretación que le parezca más convincente a las críticas de sus colegas y al debate público. Así es como llegamos lo más cerca posible a la verdad sobre el pasado.
 
¿Cómo, por ejemplo, refutar la absurda teoría de conspiración que aparentemente todavía tiene alguna vigencia en el mundo árabe, que dice que “los judíos” estaban detrás de los ataques terroristas del 11 septiembre de 2001 en Nueva York? ¿Prohibiendo que se diga esto bajo pena de ir a prisión? No. Se refuta refutándola, esto es: reuniendo toda la evidencia disponible y sometiéndola a un debate libre y abierto. Ésta no es solo la mejor forma de llegar a los hechos; es también, finalmente, la mejor manera de combatir el racismo y la xenofobia. Así que únanse a nosotros, por favor, para despedir al Estado niñera y su policía de la memoria.